Las estampillas: Una competencia desigual entre universidades públicas

Entre 1993 y 2015 se han aprobado 21 estampillas para universidades regionales y, la última, que beneficia principalmente a la Universidad Nacional, podría poner en jaque las finanzas, ya de por sí negativas, de varias IES del país.

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La Ley 30 de 1992 es la figura jurídica con la que se implementa el derecho a la educación contemplado en  la constitución de 1991. Su puesta en funcionamiento le ha implicado al sistema de Instituciones de Educación Superior (IES) la obligación de ampliar su cobertura, infraestructura, e implementar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Esto con el fin de que las universidades reciban más o menos dinero de acuerdo a los logros que vayan alcanzando en cada materia.

Realmente es difícil hacer una comparación con lo que las universidades públicas tenían antes de 1992, sin embargo, lo que viene pasando desde ese año, es que las universidades se han dedicado a cumplir con dichas obligaciones (Cobertura, infraestructura y TIC), dejando de lado la posibilidad de mejorar su calidad, o de favorecer la investigación en todas las áreas del conocimiento y no solamente en las que representan una salida financiera a la falta de recursos públicos que se les otorgan.

9La obligación estatal adquirida desde la entrada en vigencia de esta ley, no sólo ha sido incumplida, sumando una deuda que se cuenta por billones de pesos entre el gobierno central y las universidades públicas, sino que además, no se ha aumentado el dinero que supuestamente debería recibir el sistema de acuerdo al cumplimiento de su crecimiento en cobertura y del Índice de Precios al Consumidor, como regla propuesta de ajuste por la misma ley.

Lo que tenemos con la educación superior no sólo es un problema de voluntad política para dar solución al desangre del sistema, ni tampoco de recursos, si vemos lo que aún se destina a temas como la mal llamada Defensa (es decir la guerra que hace el estado). Es también un problema producto de la mala costumbre del estado de aferrarse a los formalismos para dejar morir a la gente con enfermedades curables, en condiciones indignas para la vejez, y excluir a los ciudadanos de un sistema de educación de calidad.

En otras palabras, los gobiernos de turno, según ellos, han ampliado la cobertura de la educación superior por dos vías principales, la primera es permitiendo que se creen todo tipo de instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias y, la segunda es ofreciendo créditos para que las personas de estratos medios y bajos puedan acceder dichas instituciones.

Valga la pena recordar, que apenas vemos asomarse las primeras generaciones de deudores del ICETEX, y ya su cartera reporta crisis. Entonces, en lo formal el gobierno ha ampliado la cobertura, pero las universidades públicas no han sido una parte mínima de ese avance y por tanto ha sido muy pequeña su participación en los recursos prometidos. Lo que es peor es que en lo formal, la cobertura se ha ampliado, pero se ofrece educación de pésima calidad, y que en muchos casos pasa a quedar sin ningún tipo de respaldo, como el caso de la Fundación Universitaria San Martín.

¿Ante la desfinanciación como se podría explicar que las universidades estatales sigan funcionando?

Las universidades estatales han tenido que autofinanciarse, no sólo por medio de matrículas, admisiones, cursos de extensión; sino ofreciendo programas de posgrado que no tienen ningún tipo de carácter público, al tiempo que mucho son ofrecidos sin planificación alguna. Además de eso se han tenido que vender todo tipo de investigaciones solicitadas por compañías de gran tamaño para servir a su crecimiento, lo que implica una pérdida de facto de la autonomía de la educación superior, y que además la pequeña o mediana industria no podrían acceder a muchos avances tecnológicos producidos por estudiantes del país.

Una forma más de hacerle la tarea al gobierno: Yesid García

Desde 1993, después que se conociera el nuevo modelo de educación superior,  las universidades estatales comenzaron a hacer lobby parlamentario para que se les expidiera una estampilla a su favor, y así garantizar su funcionamiento y proyectos de inversión. La primera fue la Universidad Industrial de Santander, y le siguen otras de los departamentos más desarrollados del país.

3En el caso de la UdeA, esta se beneficia  desde 1994 de la estampilla “La Universidad de Antioquia de cara al tercer siglo de labor”, la cual pretendía conseguir 100.000 millones de pesos a precios de 1993, pero que en 2009 fue ampliada al doble, y de la cual sólo se ha recaudado un 30%. Ese nivel de recaudo implica que la Universidad de Antioquia tendría la posibilidad de recibir dineros adicionales en los próximos años, esto sumado a que su situación financiera es la menos deficiente de las universidades públicas del país.

Son 25 los municipios y 8 las empresas antioqueñas, que voluntariamente han decidido apoyar a la Universidad departamental, recaudando a favor de la UdeA hasta un 2% del valor de contratos firmados con los entes territoriales del estado.

En 2011, en medio de una amplísima movilización social que buscaba conseguir una contrarreforma a la educación superior,  impidiendo la puesta en marcha de la que proponía el gobierno Santos; el representante a la cámara por Boyacá, Yesid García,  dijo que:

“Las estampillas sólo son una forma de cohabitar con la sinvergüencería del estado colombiano y los gobiernos de turno, son una forma de quitarle obligaciones al gobierno central y recargárselas a los privados creyendo que están haciendo obras de caridad”.

U.N. Salto Histórico

El 20 de Diciembre de 2013, Juan Manuel Santos hizo un acto público dentro de la ciudad universitaria de Bogotá, acto que no contó con la presencia de los estudiantes puesto que habán sido desalojados de su campus y actividades académicas el día anterior. El objetivo de la intempestiva visita era sancionar la “Estampilla Universidad Nacional y demás universidades estatales”, la cual  está destinada a suplir lo que en cálculos del gobierno es el déficit financiero de 1.5 billones de pesos en el caso de la UNAL, pero que según  voceros estudiantiles y su Rector, Ignacio Mantilla, asciende a 2.5 billones, solamente en inversión para infraestructura.

7Al respecto Leopoldo Múnera, quien fuera candidato a la rectoría de la Universidad Nacional,y que en este momento se encuentra amenazado por panfletos que circulan en el campus con la firma del “bloque capital”, argumenta que “es un mal presagio que el gobierno nacional haga fiesta cuando lo que da son pequeños paños de agua tibia a una crisis que es estructural”.

El caso de la Universidad de Antioquia

Uriel Alzate, revisor fiscal de la Universidad de Antioquia, aclara que la entrada en vigencia de la estampilla de la UNAL  pone en jaque el apoyo que los municipios t empresas le brindan a la UdeA, ya  que la primera es de carácter vinculante y nacional, mientras que la otra es voluntaria para cada municipio.

Alzate agrega que ya en consejos y alcaldías de varios municipios que prefiere no precisar, empieza hablarse de dejar de pagar la estampilla UdeA, para comenzar a responder a la obligación que favorece a la UN. Esto sumado a que grandes empresas como UNE, o EPM, seguramente decidan hacer lo mismo en vista de que su alcance también es de carácter nacional.

Alzate dice que “el temor porque se sigan reduciendo los recursos por estampilla como desde 2013, es que la universidad ha contraído créditos para construir, con la seguridad de que la estampilla sea la que cubra dichas obligaciones a 10 años”. Cierra diciendo que probablemente esto genere cambios estatutarios dentro de la Universidad en los próximos años.

images (1)El caso de la Universidad de Antioquia es tan sólo el menos grave de las universidades públicas del país. Teniendo en cuenta de que este sistema de estampillas funciona bajo la figura del lobby político, hay que mirar con detenimiento la situación de universidades que ni siquiera han podido acceder a este medio para solventar sus propias crisis, o incluso observar los casos en los que instituciones como la UdeA, que han comprometido los recaudos futuros de sus estampillas para endeudarse y construir nueva infraestructura, teniendo en cuenta la significativa reducción que se avecina.

El sistema de las desigualdades

Otra de las formas de competencia entre las mismas universidades públicas, muy de la mano con la consecución de estampillas, es la creación de grupos de investigación para ser aprobados y financiados por Colciencias, lo que ha implicado no sólo una pérdida de la autonomía de las instituciones, sino que la investigación en Colombia sea dirigida por un ente que ha demostrado tener criterios completamente arcáicos, faltos de ética, y no correspondientes con la realidad, para destinar sus recursos.

La investigación, en la mayoría de los casos, puede ser desarrollada por las universidades que cuentan con mayores recursos y tradición, por lo que las entidades más apartadas de la capital difícilmente podrán competir con el avance tecnológico y técnico de universidades como  Nacional, o las privadas mas reconocidas, las cuales también entrar a competir por los recursos de Colciencias.

20A esta situación se sumá la puesta en marcha de una reforma a la Estampilla Pro-Unal, para que sus recursos sean compartidos con la Universidad Distrital, y el caso de la Universidad del Meta, que atraviesa por una crisis no sólo por la falta de financiación oportuna sino por la desatención que se siente de parte del Ministerio de Educación.

El rector de la Unimeta no tiene ningún problema en decir que “desde las oficinas del Ministerio se siente cada vez más un maltrato, en especial para las universidades que no pertenecen al G10.  El G10 es la rosca suprema de la educación superior y son los que se pueden reunir con la ministra de turno: Universidad Nacional, Andes, Valle, UIS, Externado, Javeriana, Norte, Bolivariana, Antioquia y EAFIT.  Las otras 278 Instituciones de Educación Superior no tienen foro.  Los oficios que el Ministerio de Educación Nacional dirige a las universidades suelen ser bastante ofensivos, investigan hasta anónimos, por eso, con algo de humor se le llama el Ministerio de la Mala Educación”. (Fuente universidad.edu.co)

¿Cómo funciona una estampilla?

Esta forma de financiación pública reglamentada desde 1992, funciona haciendo un recaudo de no más del 2% del valor de cualquier contrato firmado entre el estado y algún particular, su carácter puede ser obligatorio o voluntario según lo decidan el Congreso de la República.

Recomendado para ampliar:

http://www.universidad.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5104:sobre-la-inequitativa-asignacion-de-recursos-a-las-ies-publicas&catid=2:informe-especial&Itemid=199

Equipo “ANTIOQUIA A MANO ALZADA”

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